En Colombia, la lucha por el reconocimiento de la Justicia Especial Indígena (JEI) ha marcado hitos históricos desde la Constitución de 1991, que reconoció el derecho de las autoridades indígenas a ejercer funciones jurisdiccionales en sus territorios según sus usos y costumbres. El caso de Feliciano Valencia fue emblemático: en 2017, la Corte Suprema lo absolvió tras haber sido condenado por aplicar una sanción comunitaria a un militar, sentando jurisprudencia sobre la validez de la justicia propia. Sin embargo, su implementación práctica sigue enfrentando resistencias y choques con el sistema judicial ordinario.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la organización indígena más antigua del país, ha sido clave en esta lucha. Desde su creación en 1971, ha liderado procesos de recuperación de tierras, defensa territorial y diálogo por la paz en contextos de violencia armada. Casos como la retención del cabo Chaparral por la Guardia Indígena en 2008 evidencian el ejercicio de la jurisdicción propia, pero también los conflictos con instituciones estatales que desconocen su legitimidad.
Hoy, más de tres décadas después de la “Constitución de los Derechos Humanos”, la deuda histórica persiste. Aunque el país se reconoce plurinacional y multicultural, la articulación entre la JEI y el sistema judicial nacional aún no se consolida. En 2024 se presentó el proyecto de Ley de Coordinación, que busca armonizar ambos sistemas y fortalecer la autonomía de los 116 pueblos indígenas de Colombia. La meta sigue siendo alcanzar una verdadera democracia que respete la diversidad y garantice los derechos conquistados.
Fuente y Foto: IWGIA
